Tres miembros de la industria del cáñamo de Texas han presentado una demanda contra el estado por violar las protecciones comerciales tras una reciente prohibición de casi todos los productos de THC derivados del cáñamo, ahora clasificados como ilegales. La demanda fue iniciada por dos minoristas de cáñamo y un distribuidor ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Sur de Texas contra varios funcionarios estatales, incluidos el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS) y el Fiscal General Ken Paxton. Los demandantes argumentan que esta clasificación contradice el Farm Bill de 2018, que legalizó el cáñamo, y establece una carga injusta para el comercio interestatal.
La demanda busca una orden de restricción temporal y una medida cautelar preliminar para detener la prohibición de estos productos de THC, al tiempo que refleja las frustraciones sobre los repentinos cambios de clasificación del estado. Andrea Steel, abogada principal de los demandantes, criticó la decisión del gobierno, afirmando que criminaliza injustamente sustancias que se han vendido legalmente durante años. La reclasificación proviene de un fallo de la Corte Suprema de Texas que levantó las órdenes de restricción anteriores sobre la capacidad del DSHS de clasificar el THC derivado del cáñamo como una droga de la Lista 1, sometiendo la posesión a cargos criminales.
Solo los productos de THC delta-9 permanecerán legales, mientras que todas las demás variantes, incluyendo delta-8 y delta-10 THC, ahora se clasifican de manera similar a la heroína. Este cambio se considera perjudicial para el floreciente mercado del cáñamo de Texas, que incluye alrededor de 14,000 minoristas autorizados. La evolución del panorama legal para el cáñamo ha dejado a la industria en un estado de incertidumbre, aumentando las preocupaciones sobre posibles restricciones adicionales en la próxima sesión legislativa.
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